Trabajo en negro, datos que preocupan

Surge de un relevamiento llevado a cabo por el observatorio del partido Izquierda al Frente que, desde el último año, trepó un 20% en la Ciudad. 

Según un sondeo realizado en la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio de la Izquierda al Frente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio pasado en referencia al mismo período de 2016 aumentó un 20 % el empleo informal. Los despidos, la caída de las pymes y la inestabilidad económica favorecen la precariedad contractual.

Al respecto, Alejandro Bodart, precandidato a Diputado Nacional por el MST en la Izquierda al Frente, detalló que el trabajo se realizó en base a un cuestionario elaborado sobre unas 3722 personas encuestadas en vía pública y unas 224 pymes de la Capital Federal.

Sobre el total de las firmas encuestadas, puntualmente el estudio se ejecutó sobre un 51 % de empresas de comercios y servicios, un 14 % del sector metal mecánico, un 11 % del ámbito textil, un 10 % del rubro gastronómico, un 9 % del área de producción de plásticos y un 5 % ligadas a la marroquinería. En cuanto a las personas físicas, el sondeo tomó muestras del segmento de trabajadores activos que va de los 18 a los 65 años.

En ese sentido, el relevamiento arrojó que el 22,3 % de las empresas confirmaron que modificaron el régimen de contratación y que el 26,4 de los trabajadores encuestados confirmaron que fueron precarizados en los últimos 180 días.

Al respecto, el informe de Izquierda al Frente detalla que un 9,3 % de las pequeñas y medianas empresas consultadas reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 2 y 4 empleados promedio al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral. Además, el 13 % de las pymes afirmaron que celebraron con ese mismo promedio de empleados contratos de prestación de servicios trimestrales o semestrales a cambio de exigirles la inscripción en el régimen del monotributo.

Sobre ese total de pequeñas y medianas empresas, “el 32,2 % afirmó que lo hicieron para evitar la suspensión de los trabajadores, el 47,6 % para no despedirlos y 20,2 restante para no llegar al quiebre definitivo”. los datos del sondeo son reveladores porque las pymes son las dadoras del 80 % del empleo en general y de más del 90 % del empleo informal del país.

A su vez, el 36,4 % de las personas consultadas reconocieron que se quedaron “fuera del régimen de trabajo registrado en lo que va del año”. De ese total, un 19,3 % aseguró que perdió su fuente laboral en el ámbito público, y un 17,1 % afirmó que lo echaron de su empleo en el sector privado. En tanto, entre ellos, un 41,6 % de los consultados reconoció que volvió a insertarse en el mercado laboral, pero destacaron que lo hicieron bajo condiciones informales, mientras que el 58,4 % restante afirmó que aún sigue sin empleo.

Los datos relevados también dan cuenta de “una baja del 38,5 % en la evolución de los trabajadores cotizantes que permanecen registrados, es decir, aquellos que deberían haber obtenido aportes patronales en esos meses”. En el caso de las pymes, el 33,1 % reconocieron que deben todos los aportes jubilatorios y de obras sociales, y el 66,9 por ciento restante reconoce que adeuda varios períodos y que especula con la posibilidad de adherirse a una moratoria en lo que resta del 2017”.

En la mayoría de los consultados, los pequeños empresarios afirmaron que dejaron de pagar las cargas sociales “como mecanismo de financiamiento”.

Según Bodart, estos datos muestran que “en los primeros seis meses de este año se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes y la caída del empleo registrado”.

Además, el dirigente aseguró que “si se compara con lo sucedido en años anteriores, se vive una situación de tal magnitud que no se registraba desde el 2001”.

En ese sentido, agregó que “la grave crisis que cruza al país exige medidas de emergencia para proteger el empleo y prohibir el trabajo precario” y planteó que su propuesta “es prohibir los despidos por ley y reducir la jornada a 6 horas para que haya trabajo para todos, sin rebaja del salario y con un mínimo de 25 mil pesos”.

Finalmente, Alejandro Bodart explicó que “eso es perfectamente posible si se afecta el bolsillo de los poderosos, suspendiendo el pago de la deuda externa y gravando la renta financiera y a las corporaciones”, y concluyó diciendo que “esos fondos, incluso, alcanzan para ayudar con subsidios a las pequeñas empresas que tienen dificultades para cumplir”.