La Legislatura porteña dictó una ley para sancionar a las empresas que dejen pozos abiertos en las calles, costumbre que se hizo muy frecuente en la Ciudad, especialmente en los últimos años. Las empresas sancionadas podrán perder futuras licitaciones en espacios públicos.

(Legislatura Porteña) Ante la reincidencia de algunas empresas en el incumplimiento al ejecutar obras en el espacio público, se votó una ley que promueve sanciones. Están dirigidas a las empresas o personas que en razón de su actividad deban efectuar una o varias aperturas y/o roturas en la vía pública y no realicen las obras para cerrarlas, según corresponda. La norma persigue preservar el espacio público y garantizar una segura transitabilidad de todo aquel que circule por la ciudad de Buenos Aires.

Será causal de inhabilitación para ejecutar las obras la comisión de cinco incumplimientos, infracciones o faltas a la obligación mencionada. Serán aplicadas multas que van desde las 2000 a las 150 mil unidades fijas -UF (la UF equivale al precio de 1/2 litro de nafta de mayor octanaje) a personas físicas o jurídicas, al arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero y/o persona responsable de la obra que incumplan con las condiciones establecidas en el permiso de obra.

Además esas faltas serán consideradas parámetro válido para evaluar el comportamiento fiscal del contribuyente y aplicarle el tratamiento fiscal que por ello corresponda conforme lo que al respecto reglamente la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -AGIP. La norma sancionada este jueves, que modifica el artículo 4° de la Ley N° 2634, establece que el Registro de Empresas Autorizadas para las Aperturas en el Espacio Público tomará cuenta de los incumplimientos.

En el mismo sentido, se modificó el artículo 5° dejando bien en claro que el que pide permiso para realizar una apertura en la vía pública se tiene que hacer cargo de cerrar las mismas y se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de pago anticipado del costo del trabajo de cierre. La variación en el texto, propuesta por el diputado Agustín Forchieri (PRO), faculta a la AGIP para que reglamente parámetros de comportamiento a los fines de aplicar el tratamiento fiscal que corresponda a las empresas según haya cumplido o no con esta normativa.

El Gobierno porteño relevó un notable incremento en la cantidad de metros cuadrados peticionados por las empresas para aperturas y/o roturas en la vía pública en el marco de los servicios que deben prestar pasando de 578.452 en 2007 hasta alcanzar en el año 2013 la suma record de 1.122.140 m2. También se limitaron los casos de emergencia, a través de los cuales las empresas justificaban haber realizado aperturas en la vía pública y evitaban la obligación de concretar el cierre de esas aperturas.