Basura: La justicia frenó la quema

Se conoció la medida de la jueza Elena Liberatori respecto del amparo colectivo presentado por diferentes cooperativas y ONGs. La medida deja sin efecto a la polémitca ley aprobada por la Legislatura Porteña en mayo. Los fundamentos.

El tema del manejo de la basura en la Ciudad de Buenos Aires lejos está de encaminarse a una definición, a pesar de los esfuerzos de la gestión del PRO por mostrar que esta es una “ciudad verde”, las enormes inversiones en cestos, contenedores y otros aparatos para poder mejorar el problema de las miles de toneladas que a diario producimos quienes vivimos en la urbe más grande del país.

Otro capítulo de esta novela se escribió la semana pasada al conocerse el fallo de la jueza Elena Liberatori, fechado el pasado miércoles 27 de junio, que deja sin efecto a la ley que permitía la quema de residuos, actividad profundamente contaminante y que desató las quejas de las cooperativas que se encargan de reciclar residuos, llevando a la presentación del amparo colectivo que derivó en esta medida judicial.

La magistrada dio lugar a la cautelar y recordó que existe una “obligación constitucional incumplida desde el año 1996 de dictar el Código Ambiental” para luego, recién ahí, disponer de como se gestionan estos residuos. La Legislatura había aprobado el pasado 3 de mayo la modificación de la ley de  “Basura Cero” (Ley N° 1854) en una sesión polémica. Se aprobó por 36 votos a favor aportados por Vamos Juntos, Gen y Mejor Ciudad, 4 votos en contra de Suma+ y 4 abstenciones del Bloque Peronista.

Los tres fundamentos de la sentencia:

1) Las cuestiones ambientales son materia legal (aspecto subjetivo) y tiene dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de Doble Lectura.

2) Que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996 –dictar el Código Ambiental- tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, una verdadera corruptela. Hay que descartar la argucia por la cual se aparta a la Ley 5966 del procedimiento especial de doble lectura ya que el artículo 89 de la Constitución utiliza el conector “y” entre las palabras “materias“ y “modificaciones” de lo cual surge que la materia ambiental -que es lo de este caso- puede o no estar codificada pero en ninguno de los casos, quedar por ello exenta del procedimiento especial de doble lectura.

3) Ante la evidencia contundente de que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura, de acuerdo a lo informado por la Legislatura, corresponde hacer lugar a la petición cautelar suspendiendo así los efectos de una Ley sancionada sin los requisitos de procedimiento Constitucional.

¿Quiénes habían presentado el amparo? Fueron la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, La Cooperativa El Ceibo, La Cooperativa de Trabajo El Álamo, La Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, La Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, La Cooperativa del Sur, La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.